El primer ministro de Haití, Ariel Henry, reconoció las limitaciones del sistema judicial que promueve la prisión preventiva prolongada y pidió avanzar en las investigaciones de crímenes de alto perfil.

«Nuestros juzgados y tribunales no funcionan, demasiadas personas languidecen en la cárcel en prolongada prisión preventiva, y todo el mundo sigue esperando que se diga la verdad sobre los atroces asesinatos del presidente Jovenel Moise, del presidente [del Colegio de Abogados, Monferrier] Dorval y de las víctimas de diversas masacres y otros crímenes atroces», dijo Henry en la inauguración de la Conferencia Internacional sobre la Creación de Polos Judiciales Especializados.

El jefe de Gobierno señaló el mal estado y funcionamiento de los centros penitenciarios donde los detenidos declarados culpables o en espera de juicio están encarcelados en «condiciones fuera de lo normal».

Henry también abogó por una modernización y reforma del sistema judicial y la creación de divisiones especializadas, particularmente en el ámbito financiero.

«En la lucha contra la corrupción, el contrabando, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, necesitamos magistrados que conozcan los complejos mecanismos financieros que utilizan los defraudadores», subrayó.

Más del 90% de los reclusos de Haití sufren prisión preventiva prolongada, mientras el país encabeza la lista de las cárceles más superpobladas del mundo.

Además, organismos que defienden los derechos humanos como la estatal Oficina de Protección del Ciudadano criticaron que en las últimas dos décadas el sistema no pudo resolver los crímenes de alto perfil.

Las frecuentes huelgas de jueces, empleados judiciales y otros funcionarios agudizan este fenómeno, empeorando las condiciones sanitarias de las prisiones y la eventual muerte de detenidos por inanición y falta de acceso a la salud.