La prisión preventiva en México ha venido siendo un tema de discusión en estos últimos meses; debido a la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
La prisión preventiva oficiosa es una figura o recurso legal que le da al judicial el derecho de encarcelar a las personas inculpadas por un crimen “grave” sin derecho a un juicio y sin sentencia.
En caso del arraigo consiste en el Derecho que se le otorga a la fiscalía o Ministerio Público solicitar al juez una orden para impedir que el sujeto que está siendo investigado en un delito e integración de una Averiguación Previa, pueda salir de un lugar determinado.
Esta situación se da luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontrará a México culpable de haber violentado los derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa durante 17 años y además sufrieron todo tipo de torturas en este tiempo.
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El fallo de la CIDH “Para esta Corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó (…) que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio (…) y por un lapso que excede todo plazo razonable, ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria”.
Este organismo recalcó que el Estado está en la obligación de investigar y sancionar a los responsables de los actos de tortura, y ordenó al Estado pagar indemnizaciones a ambas víctimas por concepto de daños materiales e inmateriales.