De Última Hora, medios internacionales reportan que el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este miércoles el establecimiento de un Gobierno de excepción en el país suramericano.

«En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia», dijo en un mensaje a la nación.

De acuerdo con el mandatario, la medida comprende:

Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un «gobierno de emergencia excepcional».

Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.

Se decreta toque de queda a nivel nacional desde las 22:00 horas hasta las 04:00 del día siguiente. La medida rige desde este miércoles.

Se declara en reorganización al Sistema de Justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Castillo explicó que a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante «decretos leyes».

El anuncio fue hecho a apenas horas antes de enfrentar una nueva moción de vacancia en el Parlamento por «incapacidad moral».

El enfrentamiento sin pausa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo peruanos, que comenzó en 2016 y se ha acentuado desde que asumió la presidencia el maestro rural Pedro Castillo, se acrecienta cada vez más.

Resulta evidente que, en sus 15 meses de gobierno, Castillo ha estado asediado por la oposición política, en un proceso muy conocido en Perú. Ante la persistencia de los ataques, quienes lideran el país son incapaces de gestionar el aparato estatal por las presiones que imponen sus opositores en el Congreso.

Desde 2021, Castillo enfrenta, además, graves denuncias por corrupción que se han traducido en seis investigaciones fiscales por adjudicación de contratos de obras públicas que favorecían a familiares y amigos con el fin de cobrar sobornos, por tráfico de influencias en los ascensos militares y por encubrimiento y obstrucción a la justicia