Los 13 mineros que fueron secuestrados el pasado 26 de abril en la provincia de Pataz, en el norte de Perú, fueron encontrados sin vida la mañana del domingo 4 de mayo.
Las autoridades presumen que fueron ejecutados. Los cuerpos fueron hallados en socavones mineros de la zona, sin que durante el secuestro se haya registrado alguna negociación con los captores, según medios locales.
El principal sospechoso es Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, señalado como líder de una organización criminal que opera en el departamento de La Libertad.
Se le atribuye haber exigido un rescate de cuatro millones de soles (más de un millón de dólares) por la liberación de los rehenes.
La organización que encabeza “Cuchillo” ha sido vinculada a otros crímenes en la región, varios de ellos también con víctimas mortales.
Esta masacre ocurre en un contexto de estado de emergencia en la provincia de Pataz, decretado el 24 de febrero por el Gobierno peruano tras una serie de atentados relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado.
Costa Rica enfrenta actualmente la operación de unas 300 bandas criminales ligadas al narcotráfico, el sicariato y otras formas de crimen organizado, según estimaciones de expertos y autoridades locales.
Informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio de Seguridad Pública advierten que estas agrupaciones, activas en todo el territorio nacional, representan una creciente amenaza y mantienen vínculos con cárteles internacionales que operan en regiones específicas del país.
La violencia generada por estas organizaciones ha alcanzado niveles sin precedentes, con más de 300 homicidios registrados en lo que va del año, enfrentamientos armados constantes y una expansión territorial de los grupos, informó el medio Teletica.com.
Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, los conflictos entre bandas rivales y con las fuerzas policiales ocurren a diario.“Las personas que integran estos grupos criminales, al verse asediadas, responden con armas. Hay constantes disputas territoriales y por el control de sus negocios ilícitos”.
Zúñiga señaló que, aunque varias bandas han sido golpeadas y algunos de sus líderes están en prisión, la violencia no se ha detenido.
Mencionó que los grupos más peligrosos operan en la provincia de Limón, entre ellos La H, Peña Rusell, Valle de la Estrella y la banda liderada por alias “Diablo” (Alejandro Arias Monge), considerado el narco más buscado del país.
Estas organizaciones han expandido su presencia hacia otras regiones del país, generando más disputas territoriales y aumentando la incidencia de homicidios.
Zonas como los barrios del sur y norte de San José —incluyendo Guadalupe— están entre las más afectadas, especialmente tras la captura del cabecilla conocido como “Sobrino”, que ha desatado una lucha por el control de sus antiguos territorios.
En Puntarenas, al suroeste del país, se identifican al menos 10 bandas fraccionadas en conflicto, particularmente en zonas como Barranca, El Roble, Fray Casiano y 20 de Noviembre.
Se han reportado nuevos focos de violencia en provincias tradicionalmente más tranquilas como Heredia, Alajuela y sectores de Cartago, incluyendo los barrios Proyecto Manuel de Jesús Jiménez y Llanos de Santa Lucía, en el límite con Paraíso.
