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Trump reorganiza redadas migratorias en Minneapolis

Se espera la disminución de agentes federales en Minnesota, luego de las recientes protestas en Minneapolis y de las gestiones entre el Gobierno federal y las autoridades estatales y municipales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo conversaciones con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en las que ambas partes coincidieron en la necesidad de reducir la tensión generada en los últimos días.

De acuerdo con el mandatario, el intercambio permitió avanzar en mecanismos para contener las manifestaciones y restablecer el orden público.

Trump desplaza al jefe de las redadas

Como parte de estos ajustes, Trump a través del Departamento de Seguridad Nacional decidió remover al comandante de la Patrulla Fronteriza a cargo de las redadas en Minneapolis, Gregory Bovino, y reorganizar la ofensiva federal contra la inmigración, tras un segundo tiroteo mortal que desató fuertes críticas políticas y sociales en Minnesota.

Trump también dialogó con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, con quien aseguró mantener una postura común frente a la situación, pese a las diferencias políticas que ambos han expresado en el pasado.

Desde el gobierno municipal, Frey reiteró la importancia de las comunidades migrantes en la vida económica y social de Minneapolis y solicitó el cierre de la operación federal conocida como Metro Surge, la cual ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones civiles.

Las protestas se originaron tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero que falleció durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

 Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza.

El caso ha reavivado el debate nacional sobre los métodos de actuación de las agencias migratorias y el uso de la fuerza en operativos federales.

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De acuerdo con informes periodísticos especializados, desde el inicio del actual gobierno se han registrado decenas de incidentes violentos vinculados a acciones de control migratorio, lo que ha generado llamados a una revisión de estas políticas por parte de defensores de derechos humanos.