La promesa de deportaciones masivas de migrantes indocumentados que hizo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continúa siendo un tema de controversia y preocupación, especialmente entre los grupos defensores de los derechos de los migrantes. A medida que se acerca la transición de poder, persisten las dudas sobre la viabilidad de estas políticas, especialmente después de los comentarios de Tom Homan, quien será designado como «zar de la frontera» en la próxima administración.
En una reciente entrevista con CNN, Homan destacó que las deportaciones de gran escala, uno de los pilares de la política migratoria de Trump, requerirán un presupuesto significativo, especialmente para la construcción de infraestructura adecuada. Según Homan, el gobierno necesitará al menos 100 mil camas para poder detener a los migrantes, una cifra considerablemente mayor a las 40 mil con las que actualmente cuenta el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La clave de este plan, señaló, dependerá del apoyo financiero que logren obtener del Congreso de Estados Unidos.
Además, Homan subrayó que el apoyo del Ejército será fundamental para llevar a cabo las operaciones, aunque aclaró que los soldados no estarán involucrados directamente en los arrestos. En cambio, su rol será más bien logístico, ayudando en el transporte y otros aspectos que no requieran intervención directa.
El enfoque de la nueva administración, según Homan, se centrará principalmente en la deportación de criminales, miembros de pandillas y fugitivos, aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre la cantidad de personas que serán deportadas. A pesar de la falta de cifras exactas, el mensaje es claro: “Queremos arrestar a tantas personas como sea posible que estén en el país ilegalmente”, reiteró Homan, generando inquietud tanto en los migrantes como en sus defensores, que temen las implicaciones de estas medidas en el bienestar de miles de personas que podrían verse afectadas por la política migratoria de la próxima administración.
