La prisión preventiva en México ha venido siendo un tema de discusión en estos últimos meses; debido a la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

La prisión preventiva oficiosa es una figura o recurso legal que le da al judicial el derecho de encarcelar a las personas inculpadas por un crimen “grave” sin derecho a un juicio y sin sentencia.

En caso del arraigo consiste en el Derecho que se le otorga a la fiscalía o Ministerio Público solicitar al juez una orden para impedir que el sujeto que está siendo investigado en un delito e integración de una Averiguación Previa, pueda salir de un lugar determinado.

Esta situación se da luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontrará a México culpable de haber violentado los derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa durante 17 años y además sufrieron todo tipo de torturas en este tiempo.

El fallo de la CIDH “Para esta Corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó (…) que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio (…) y por un lapso que excede todo plazo razonable, ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria”.

Este organismo recalcó que el Estado está en la obligación de investigar y sancionar a los responsables de los actos de tortura, y ordenó al Estado pagar indemnizaciones a ambas víctimas por concepto de daños materiales e inmateriales.