La Cámara Federal de Casación de Argentina ratificó este miércoles la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión, que confirma la sentencia de primera instancia en la conocida «Causa Vialidad», representa un golpe judicial para la exmandataria, quien aún tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la condena, aunque el proceso podría demorar años.
Fernández de Kirchner, calificó el juicio como un «show» y rechazó las acusaciones en su contra, asegurando que no existía «ni una sola prueba» que la comprometiera. En una carta, la exmandataria afirmó que el verdadero objetivo del juicio era «proscribirla de por vida», un argumento que ha repetido a lo largo del proceso, en el que acusa a la justicia de ser parte de un «partido judicial» que, según ella, persigue a los líderes de gobiernos populares en América Latina, como Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa.
La condena, que solo se hará efectiva si es ratificada por la Corte Suprema, deja a Fernández de Kirchner en una posición compleja, pero no inmediatamente vulnerable a la prisión. A pesar de la gravedad de la sentencia, no corre el riesgo de ser detenida de inmediato, ya que aún puede presentarse como candidata en las elecciones legislativas de 2025, y en caso de ser condenada, podría cumplir su pena en prisión domiciliaria debido a su edad.
El fallo de la Cámara fue emitido por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, en un contexto de alta tensión política. Fernández de Kirchner, que recientemente asumió la presidencia del Partido Justicialista, el principal partido opositor, se ha convertido en la figura central de la resistencia al gobierno de Javier Milei. La condena, por lo tanto, tiene una fuerte carga política y agudiza la polarización en Argentina, con sus seguidores defendiendo su inocencia y denunciando una persecución judicial, mientras que sus detractores la acusan de corrupción y abuso de poder.
EL PROCESO
La «Causa Vialidad» surgió en 2016 a partir de una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad sobre contratos de obras públicas acusando a la expresidenta de un esquema de administración fraudulenta. Aunque la pena solicitada por los fiscales fue de 12 años, el tribunal la condenó a seis años por el delito de «administración fraudulenta» y la absolvió de la acusación de «asociación ilícita».
El juicio estuvo marcado por la fuerte polarización social, con manifestaciones a favor y en contra de la exmandataria, y un clima de desconfianza hacia el Poder Judicial. En varios momentos, se denunciaron irregularidades y conflictos de interés, como la controversia surgida por la relación de los jueces con el gobierno de Mauricio Macri, principal rival político de Fernández de Kirchner. A esto se sumaron las marchas y el atentado que sufrió la vicepresidenta en septiembre de 2022, que ella vinculó a la campaña de odio generada por sus opositores.
La causa y su condena son parte de una serie de procesos judiciales que Fernández de Kirchner ha enfrentado desde que dejó la presidencia en 2015, los cuales, según ella, forman parte de una estrategia de «lawfare» destinada a eliminarla políticamente. En este contexto, su defensa ha sostenido que los juicios en su contra no solo son injustos, sino que buscan impedir su regreso a la arena política. Sin embargo, la sentencia de Casación podría tener un impacto significativo en su futuro político, ya que, si la Corte Suprema ratifica la condena, su capacidad para presentarse a elecciones podría quedar gravemente afectada.
Este fallo no solo refleja la tensión entre el poder judicial y el kirchnerismo, sino que también pone en evidencia las profundas divisiones políticas en Argentina. Mientras el oficialismo acusa a la justicia de estar al servicio de los intereses del poder económico y mediático, la oposición celebra el veredicto como un paso hacia la justicia y la lucha contra la corrupción. En cualquier caso, el futuro de Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo incierto y dependerá de los próximos movimientos judiciales y políticos en un país cada vez más polarizado.
