El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, deportó a 238 presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua a El Salvador.
La medida se realizó en el marco de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma creada en 1798 y utilizada durante la Segunda Guerra Mundial para el encarcelamiento masivo de ciudadanos de origen alemán, italiano y japonés.
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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó la llegada de los deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las prisiones de máxima seguridad del país. A cambio de recibir a los reclusos, El Salvador obtendrá un pago de seis millones de dólares por parte de Washington.
Trump argumentó que el Tren de Aragua representa una “invasión” y una amenaza a la seguridad nacional, justificando así la aplicación de esta ley. Sin embargo, organizaciones como el Centro Brennan han cuestionado la legalidad de la medida, señalando que se trata de una norma diseñada para tiempos de guerra aplicada en un contexto de paz.
El gobierno de Venezuela también rechazó la acción, calificándola como una estrategia para criminalizar a los migrantes venezolanos. El presidente Nicolás Maduro afirmó que la narrativa sobre la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos es “falsa” y que la migración venezolana es consecuencia de las sanciones económicas impuestas al país.
Familiares de algunos deportados han denunciado que fueron incluidos en la lista solo por su origen venezolano o por tener tatuajes, sin contar con antecedentes penales. Aarón Reichlin-Melinick, del Consejo Americano de Inmigración, señaló que los deportados no tuvieron oportunidad de impugnar las acusaciones en su contra.
Asimismo, organismos de derechos humanos han denunciado condiciones extremas en el CECOT, con restricciones totales a visitas, educación y salidas al exterior. Reportes indican que al menos 261 personas han fallecido en prisiones salvadoreñas en los últimos años debido a presuntos abusos y falta de atención médica.
Mientras el debate sobre la deportación continúa, la medida ha generado reacciones a nivel internacional, con posturas divididas entre quienes la ven como un refuerzo de la seguridad y quienes la consideran una violación a los derechos humanos.
