Desde enero, Guatemala ha recibido 4.233 connacionales repatriados desde EE.UU. UU. (382 en vuelos militares) y 936 desde México.
Como parte del Plan Retorno al Hogar, el Gobierno ha brindado asistencia a los migrantes, incluyendo orientación, alimentación, kits de higiene, atención médica y psicosocial.
De los retornados de México, 315 llegaron por aire y 621 por tierra, incluyendo 215 menores, 171 de ellos no acompañados. Desde EE.UU. UU., 3,919 adultos y 314 menores fueron repatriados, de los cuales cinco viajaron solos.
El Instituto ofrece refugio en el Centro de Atención de la zona 5 o transporte a sus comunidades. El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el Gobierno está comprometido con su bienestar y lucha por sus derechos.
En 2024, Guatemala ha recibido 76.768 deportados: 66.016 por vía aérea y 10.752 por tierra.
Guatemala ha sufrido graves consecuencias debido a las intensas lluvias de la temporada, con un saldo de cinco puentes destruidos, 33 personas damnificadas, 439 rutas afectadas y casi 7,000 viviendas dañadas.
El presidente Bernardo Arévalo ha decretado el estado de calamidad por 30 días en todo el país, una medida publicada en la gaceta oficial.
Esta medida, destinada a enfrentar las emergencias, permitirá al gobierno disponer de recursos económicos sin necesidad de convocar a licitaciones.
El Instituto local de Meteorología reportó un exceso de lluvias desde mayo, lo que ha saturado los suelos y causado daños significativos en infraestructura y viviendas. El riesgo para la población vulnerable ha aumentado en este país, donde el 59% de los habitantes viven en situación de pobreza.
Con la aprobación del estado de calamidad, se ordena a la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) evacuar a las personas en áreas afectadas o en peligro, así como implementar medidas preventivas, mitigadoras y de atención a los daños derivados de las lluvias.
Según datos de la Conred, hasta la fecha, la temporada ha dejado 13 muertos, cinco heridos, 16,844 evacuados y ha afectado a 4.9 millones de personas, principalmente por inundaciones, derrumbes y deslaves.
Se han confirmado la muerte de dos menores de cinco años por desnutrición crónica, elevando a ocho la cifra de fallecimientos en lo que va del año 2024.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) de Guatemala dice que estas cifras vienen a hacer alarmantes, situación que subraya un grave problema de salud pública en el país.
La mitad de los casos se han registrado en el departamento de Alta Verapaz, afectando a municipios como Cobán, San Pedro Carchá, Tucurú y Raxruhá. Los otros decesos ocurrieron en San Pedro Yepocapa (Chimaltenango), Jocotán (Chiquimula), Jutiapa, y Malacatán (San Marcos).
El Mspas informó que de 51 decesos adicionales están bajo investigación, 29 han sido descartados por no estar relacionados con la desnutrición. A pesar de la gravedad, estos datos representan una mejora en comparación con el mismo periodo de 2023, mostrando una disminución del 53% en las muertes de menores por desnutrición.
Iván Aguilar, gerente de Oxfam para Centroamérica, destacó; «El aumento de eventos extremos como sequías y lluvias intensas que están afectando los medios de vida agrícolas de subsistencia».
Según Aguilar, es crucial incrementar el presupuesto destinado a programas de producción social para cerrar la brecha alimentaria en los hogares vulnerables.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha asumido el compromiso de reducir los índices de desnutrición infantil a través de decisiones colectivas y una política económica de desarrollo.
Durante la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en febrero, Arévalo calificó de inaceptable que el 50% de los menores de cinco años sufran desnutrición crónica, una enfermedad prevenible.
El presidente enfatizó que la desnutrición aguda refleja el fracaso de una sociedad y la inutilidad del Estado, que no puede justificar su autoridad si no puede evitar la pérdida de vidas por causas evitables.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala ha declarado la emergencia sanitaria nacional debido a una epidemia de dengue que azota al país desde hace semanas.
La medida, anunciada a través del acuerdo ministerial 152-2024 y publicada en el Diario Oficial, responde al aumento significativo de casos y a la necesidad de implementar acciones de promoción, prevención y manejo de crisis.
Las autoridades sanitarias han confirmado nueve muertes relacionadas con esta enfermedad y cerca de 15.000 casos en lo que va del año. Además, en al menos 12 departamentos, los casos se han quintuplicado en comparación con el mismo período del año anterior.
Para hacer frente a la epidemia, se han intensificado las jornadas de fumigación para eliminar a los mosquitos adultos. Sin embargo, se destaca la importancia de la colaboración de la población en la eliminación de criaderos, especialmente ante la inminente temporada de lluvias, que podría aumentar la incidencia de casos.
Este brote de dengue sigue una tendencia al alza desde agosto del año pasado, cuando se decretó una emergencia sanitaria de tres meses.
Las autoridades sanitarias estiman que este período anual concluirá con un aumento del 152 por ciento en comparación con el escenario del año anterior.
El allanamiento realizado por la Fiscalía Especial de Guatemala contra la ONG «Save the Children» ha generado una notable atención, especialmente por tratarse de una investigación de índole trasnacional sobre presuntos abusos contra la infancia.
Rafael Curruchiche, titular de esta entidad, informó sobre la diligencia sin mencionar directamente a la ONG implicada, aunque las imágenes publicadas en la cuenta de la Fiscalía guatemalteca sugieren que se trata de «Save the Children».
La investigación se desencadenó a raíz de una denuncia presentada ante el Ministerio Público, con el objetivo de abordar de manera integral los presuntos abusos. Además, se ha solicitado apoyo a la Fiscalía de Texas, EE.UU., para fortalecer la investigación y unir esfuerzos en este proceso.
Curruchiche detalló; «Las acciones comprenden la inspección, registro y secuestro de evidencias en la sede de la ONG implicada, cuyo nombre no precisó oficialmente. Sin embargo, las conjeturas apuntan a que se refiere a ‘Save the Children‘.
Curruchiche, como la fiscal general del país, Consuelo Porras, han sido objeto de críticas, siendo señalados por el Departamento de Estado de EE.UU. de socavar la democracia en Guatemala.
Asimismo, desde el gobierno del presidente Bernardo Arévalo se les ha acusado de utilizar diversos medios para evitar que el exmandatario Alejandro Giammattei asumiera el poder. Estas circunstancias adicionales añaden un contexto político alrededor del caso, que podría influir en su desarrollo y repercusiones futuras.
Al menos 60 incendios activos en Guatemala, siendo 38 de ellos de máxima alerta en el departamento de Petén.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha continuado con sus esfuerzos para controlar las llamas, especialmente en el segundo basurero más grande del país ubicado en la capital, el cual está controlado en un 95%.
Se destaca el trabajo conjunto realizado en el municipio de Villa Nueva, donde se ha logrado un avance significativo en la liquidación del incendio mediante el uso de material inerte y motobombas para el enfriamiento.
Gracias a estos esfuerzos, se ha observado una mejora en la calidad del aire en la ciudad, lo que ha permitido al Ministerio de Educación autorizar la reanudación de las clases presenciales en áreas específicas, incluyendo la demarcación metropolitana, Sacatepéquez y Escuintla.
La Conred ha detallado que 18 de los incendios en Petén han ocurrido en el municipio de La Libertad, mientras que Alta Verapaz reporta cuatro eventos en varios municipios. También se han registrado incendios en otros departamentos como Baja Verapaz, Escuintla, Jutiapa, Quiché, Chimaltenango, Izabal y Quetzaltenango.
La situación ha llevado al presidente a declarar Estado de Calamidad hace tres días, aunque esta medida fue reprobada por el Congreso.
Desde noviembre 2023 hasta junio próximo, se han contabilizado un total de 1,502 incendios, con 13,598 hectáreas afectadas a nivel nacional.
«De los mil 502 contabilizados hasta este domingo, mil 138 fueron forestales y 364 no forestales, 13 mil 598 hectáreas afectadas en total a nivel nacional», detalló la Conred.
A pesar de que la capital registra el mayor número de incendios, son los departamentos de Huehuetenango y Petén los más afectados en términos de hectáreas impactadas.
Las quemas agrícolas y la ganadería siguen siendo las principales causas de estos siniestros forestales en Guatemala, subrayando la importancia de abordar este problema de manera urgente y efectiva.
Aumenta en un 555 % en muertos por dengue en Guatemala, en relacion a los casos registrado en el 2022, asi lo informó las Autoridades sanitarias del país.
El Ministerio de Salud y Seguridad Social (Mspas) informó que 89 personas han fallecido por esta enfermedad en el transcurso de 2023, quintuplicando los 16 casos que se registraron el año pasado.
Este miércoles 4 de octubre se cumplieron tres días consecutivos de bloqueos, y protestas en el país, donde integrantes de diferentes agrupaciones bloquean más de 20 vías, que han sido afectadas en todo el territorio nacional.
Los protestantes aseguraron que permanecerán por tiempo indefinido en resistencia hasta que sus peticiones sean escuchadas. La principal exigencia de los manifestantes es la renuncia de Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
“Esta es una manifestación en contra de la corrupción, queremos que renuncien todos los que están cometiendo esta injusticia en contra de la democracia”, declaró Víctor Vásquez», miembro del grupo de campesinos.
La Dirección General de Protección y Seguridad (Provial) reportó que hasta el momento hay un total de 24 carreteras bloqueadas.
Cabe señalar que estas protestas comenzaron este lunes, luego de que el sábado, la Fiscalía realizara un nuevo allanamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y decomisara las actas con los resultados de los comicios de la primera vuelta el 25 de junio y del balotaje el 20 de agosto.
Guatemala declaró alerta roja al pais con vista a enfrentar a partir de agosto a noviembre los efectos del fenómeno climatológico «El Niño».
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social advirtió; «Los efectos sanitarios de dicho evento climático que vendrían a empeorar la situación de desnutrición aguda, enfermedades transmitidas por alimentos, infecciones respiratorias, malaria y otros problemas».
Las autoridades decidieron iniciar acciones preventivas a nivel nacional como campañas de vacunación y pesquisajes en busca de casos de desnutrición a los que se pueda brindar atención.
«Se mantendrá la vigilancia epidemiológica de las enfermedades que pueden aumentar debido a este fenómeno»agregó el ente rector de Salud.
Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que «El Niño» Va a aumentar las temperaturas globales, donde se tendrá el alto riesgo en los países de Centroamérica, especialmente El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
A sí mismo, la organización señala que la subida de las temperaturas unido al almacenamiento generalizado de agua por la sequía contribuyen a la proliferación del mosquito aedes aegipty, transmisor de enfermedades como el zika, la chikunguña y el dengue, en los países latinoamericanos.
En lo que va el 2023, se han deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos y México, 41.368 migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, asi lo dió a conocer la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
Según Estados Unidos y México en el primer trimestre del 2023 se registró 11. 557 casos menos que los 52. 925 deportados en el 2022.
El total de retornados fueron; 2.663 personas hacia El Salvador, 16.167 hacia Honduras y 22.538 a Guatemala.
La OIM indicó que Guatemala tuvo un registró del 9.2 % de sus nacionales repatriados y para El Salvador fue del 31.5 % y del 33.2 % para Honduras.
Las deportaciones desde Estados Unidos disminuyeron en un 16.2 %, bajaron en 61.5% en la niñez y adolescencia. Mientras que las autoridades mexicanas indican que El 26.7% son repatriados centroamericanos, de esto el 31.9 % son menores de edad.
