La Asamblea Nacional aprobó de manera unánime la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, cuyo propósito es establecer las normas generales para la preparación, adjudicación, ejecución y extinción de los contratos administrativos en las entidades estatales.
Esta legislación busca modernizar el marco legal y normativo que regula las contrataciones públicas en el país.
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Wálmaro Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional, destacó que esta ley representa un avance significativo al concentrar y actualizar la normativa existente.
«Esta nueva Ley viene a modernizar el entorno legal con el cual el Estado contrata, lo cual es muy positivo. Además, responde a una necesidad real de los nicaragüenses, permitiendo que el Estado sea una herramienta más efectiva, eficiente y transparente para resolver los problemas cotidianos», afirmó Gutiérrez.
Entre los principales objetivos de la ley se encuentran la promoción de la competencia abierta, el uso responsable de los recursos públicos, la estandarización de criterios técnicos y legales, y la prevención de conflictos de intereses.
Asimismo, establecen mecanismos para facilitar la fiscalización y el control de los contratos, garantizando su correcta ejecución y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
La ley busca agilizar los procesos de contratación para atender necesidades prioritarias de la población.
«Lo que persigue esta ley es la realización de contratos que permitan resolver necesidades básicas, como la adquisición de medicamentos para hospitales, pupitres para escuelas, y otros bienes y servicios esenciales para el funcionamiento adecuado del sector público», explicó el diputado.
La nueva normativa también incluye disposiciones para reducir plazos, simplificar procedimientos y garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
Además, se establecen excepciones en materias específicas, como la adquisición de bienes y equipos destinados a la defensa nacional, la soberanía, la paz y el mantenimiento del orden interno, las cuales quedan excluidas de los procesos ordinarios de contratación.
En conclusión, la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado representa un marco normativo moderno que busca optimizar el gasto público, fomentar la competencia y garantizar mayor transparencia en los procesos de contratación estatal.