En un nuevo giro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno estadounidense ha decidido reimponer sanciones económicas a Caracas, afectando así la economía de millones de venezolanos.

Las primeras medidas de estas sanciones impactan en el sector minero, específicamente en transacciones con la empresa estatal Minerven. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., las empresas estadounidenses tienen hasta el 13 de febrero para cerrar cualquier transacción con dicha compañía.

El país norteamericano tomó esa decisión, luego de la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado por parte del Tribunal Supremo.

Machado fue elegida como la candidata de unidad de la oposición en octubre, pero fue inhabilitada en junio por la Contraloría General de Venezuela para postularse a cargos de elección popular durante 15 años, además, el Tribunal Supremo confirmó la inhabilitación del posible sustituto Henrique Capriles, el pasado viernes.

John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó que las futuras decisiones dependerán en gran medida que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cumpla con ciertas exigencias por EE.UU en temas electorales y liberación de personas privadas de libertad por «supuestos asuntos políticos».

Ante este panorama, el jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, advirtió que responderán con severidad a las nuevas sanciones.

«Si hay alguna acción agresiva, nuestra respuesta será severa, recíproca y enérgica», aseguró Rodríguez en rueda de prensa.

El gobierno venezolano denunció un supuesto complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y acusó a periodistas y activistas de ser parte de este complot que atenta contra la vida del mandatario.