El Gobierno argentino, a través de una nueva resolución que se enmarca en el denominado «plan de la motosierra», ha ordenado que la administración pública inicie los trámites jubilatorios de todos los trabajadores estatales que cumplan con los requisitos establecidos.
Esta medida fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien instruyó a las entidades públicas a notificar a los empleados para que comiencen el proceso de jubilación.
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Según estimaciones oficiales, la disposición afectará a unos 10.000 empleados públicos, de los cuales 6.500 pertenecen a la planta permanente.
La resolución 2, publicada en el Boletín Oficial, establece que las entidades del sector público tienen un plazo de 30 días hábiles para intimar a los trabajadores a iniciar los trámites para su incorporación al sistema previsional.
El presidente Javier Milei ha señalado; «Esta medida es parte de un plan más amplio para reducir la estructura del Estado y ajustar el empleo».
Además de la administración pública, la resolución recomienda que empresas y sociedades del Estado, incluidas aquellas con participación mayoritaria del Estado nacional, adopten la misma medida.
Para facilitar este proceso, el ministerio de Desregulación ha firmado un acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que será responsable de identificar a los empleados que cumplan con las condiciones para jubilarse.
Esta iniciativa se suma a otras reformas recientes, como la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que implicó una reducción del 34% en su personal y el recorte de 3.000 puestos de trabajo.
