La defensa argumentó que contra los miembros de la tripulación no existe acusación de delito alguno, solo supuestos, lo cual constituye una investigación o proceso de carácter ilegal.
La defensa de los tripulantes del avión Boeing 747 de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la aerolínea venezolana Conviasa, exigió el retorno a sus respectivos países de los tripulantes, como parte de una audiencia judicial celebrada este viernes.
Destaca que en dicha audiencia no estuvieron presentes los fiscales que solicitaron a la justicia argentina iniciar dicha investigación de conjunto con el FBI, tras haber pedido por escrito el embargo de la nave y la prohibición de salida del territorio nacional de su tripulación, bajo presuntos cargos de actividades terroristas.
Contrario a la lógica en estos procesos que sostiene el intercambio cara a cara entre las partes y la argumentación de sus respectivos alegatos.
Se trata de un caso con tres causas pues un equipo se encarga de la defensa de los derechos de Emtrasur; otro de los derechos de la tripulación; y un tercero específicamente de los 14 miembros de esta cuya nacionalidad es venezolana.
La tripulación, retenida desde el pasado 8 de junio, se encuentra detenida en un hotel, y vía online dos de los tripulantes venezolanos expusieron las condiciones de su detención y las implicaciones de esta para ellos y sus respectivas familias.
En tanto la defensa soslayó la irregularidad del proceso ante la sala de apelaciones de la justicia argentina; contrario a los principios del derecho internacional, y a lo estipulado en la Constitución de esa nación suramericana.
Por lo que confían sus alegatos sean analizados y reciban una respuesta a su solicitud de liberar a la tripulación en un plazo de cinco días y luego de que no existe delito alguno, solo supuestos, respecto a los cargos que se le imputaron por el juez Federico Villena.
En días anteriores este acto de secuestro ha sido condenado por parte del ALBA-TCP, varias instituciones, personalidades de diversa índole y pueblo venezolano contra la política intervencionista de Estados Unidos de apropiarse del avión y su tripulación compuesta de 19 personas, entre pilotos venezolanos e iraníes.
Este secuestro de la aeronave de Emtrasur forma parte de la política intervencionista de la Casa Blanca contra la República Bolivariana, y se produjo con la participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) de Estados Unidos (EE. UU.); en base a un tratado de asistencia jurídica mutua rubricado en 1991 entre Washington y Buenos Aires.
