Organizaciones sindicales y movimientos sociales en Panamá alertaron sobre la necesidad de unidad y paz ante la situación actual del país.
Estos movimientos, protestaron frente a la Asamblea Nacional contra el proyecto de reformas a la Caja del Seguro Social (CSS) y las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump.
La Alianza Pueblo Unido por la Vida anunció que las manifestaciones continuarán en distintos puntos del país y convocó a una marcha nacional el 20 de marzo. Exigen la suspensión del proyecto de reforma a la CSS, el freno a la reapertura de la mina, la cancelación del embalse del Río Indio y el rechazo al alza del pasaje del metro.
Además, criticaron al presidente José Mulino por enfrentar solo las presiones de Trump y pidieron una estrategia conjunta con otros países afectados.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entregó 12,297 lotes de tierra a familias de 138 asentamientos rurales en 24 estados del país, como parte del programa de reforma agraria.
La ceremonia se celebró en el Complejo Ariadnópolis, en Campo do Meio, donde reside un asentamiento de ex trabajadores de una fábrica de azúcar cerrada en los años 90.
Durante el evento, Lula firmó siete decretos que asignan tierras de interés social en Minas Gerais, Pará, Goiás, Paraná y Rio Grande do Sul, beneficiando a alrededor de 800 familias.
Además, anunció una inversión de 1,600 millones de reales (320 millones de dólares) para 2025, destinada al programa Crédito Instalación, que apoyará la construcción de viviendas y fomentará el trabajo de jóvenes y mujeres en la reforma agraria.
Estas iniciativas forman parte del programa Terra da Gente, que incluye la entrega de títulos de propiedad, contratos para la recuperación ambiental y la renegociación de deudas mediante el programa Desenrola Rural.
Lula destacó;«La recolección de tierras públicas e improductivas ya ha concluido y que el gobierno comenzará a distribuirlas para asegurar que más personas puedan trabajar la tierra»
Jubilados protestaban por medicamentos y mejoras en sus pensiones.
Por tercera semana consecutiva, jubilados argentinos salieron a las calles para exigir el acceso a medicamentos y una jubilación que supere la canasta básica.
La manifestación, realizada en las cercanías del Congreso, fue nuevamente reprimida por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y golpes, siguiendo el protocolo antipiquete impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los manifestantes, en su mayoría adultos mayores, portaban carteles y utensilios de cocina para hacer oír sus reclamos. Sin embargo, la protesta terminó con al menos 40 heridos, según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también denunció amenazas por parte de la Policía Federal.
El reclamo principal se centra en la difícil situación económica que enfrentan los jubilados. Actualmente, la pensión mínima en Argentina es de 300.000 pesos (aproximadamente 250 dólares), monto que, según los manifestantes, no alcanza para cubrir los costos básicos de vida.
Además, el Gobierno eliminó la fórmula de movilidad jubilatoria que ajustaba las pensiones según la inflación y los ingresos estatales, reemplazándola por un cálculo basado únicamente en la inflación mensual.
Desde marzo de 2024, el bono extraordinario para jubilados está congelado en 70.000 pesos, cuando, de acuerdo con estimaciones, debería haber aumentado a 135.000 pesos para diciembre. Esta situación, sumada a la devaluación del peso y el incremento del costo de vida, ha agravado la crisis para los sectores más vulnerables.
Los jubilados han manifestado su descontento con el Gobierno de Javier Milei, señalando que las políticas económicas han reducido su poder adquisitivo y limitado el acceso a servicios esenciales.
A pesar de la represión, las protestas continúan cada miércoles con el objetivo de visibilizar su situación y exigir respuestas a las autoridades.
EEUU planea deportar a menores migrantes no acompañados.
El gobierno de Donald Trump está preparando un operativo que podría afectar a menores de edad que ingresen a Estados Unidos sin la compañía de un progenitor o tutor legal.
Según fuentes citadas por NBC News, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planean localizar a estos menores y someter sus casos a evaluación judicial. Si el juez determina que no tienen base legal para permanecer en el país, podrían ser deportados.
Actualmente, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos se encarga de alojar temporalmente a los niños migrantes no acompañados y conectarlos con posibles patrocinadores.
Sin embargo, ICE enfocará su búsqueda en aquellos menores cuyos patrocinadores no hayan respondido a las llamadas de seguimiento o que no tengan cita programada en los tribunales de inmigración.
Provienen de varios países africanos y asiáticos. Entre ellos se encuentran 50 niños, mujeres embarazadas y una adulta mayor.
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica confirmó la llegada a ese país centroamericano de un grupo de 135 migrantes de naciones africanas y asiáticas deportados por el Gobierno de los EE.UU.
El vuelo proveniente de San Diego, California (oeste), arribó en la tarde del jueves al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en San José. Trasladó a migrantes oriundos de Tayikistán, Uzbekistán, Georgia, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán y Uzbekistán, entre otros. Entre ellos se encuentran 50 niños, mujeres embarazadas y una adulta mayor.
El titular de Seguridad Pública, Mario Zamora, dijo que no representan ningún problema para la seguridad, pues «no se trata de criminales» y «ya pasaron por filtros de seguridad en Estados Unidos».
Los deportados fueron llevados en autobuses al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) ubicado en la localidad de Corredores, en la frontera con Panamá.
Inicialmente, esa instalación dio albergue a migrantes que iban desde Panamá a los EE.UU., pero desde hace varias semanas se reporta la presencia allí de personas que buscan regresar a sus hogares debido a la política antinmigrante de la Administración Trump.
Según el Gobierno costarricense, los migrantes deportados el jueves serán atendidos por personal de la Oficina Internacional de las Migraciones (OIM) y EE.UU. correrá con los gastos de su estancia en el CATEM.
Se prevé que permanezcan en Costa Rica, país puente, durante un periodo que puede oscilar entre tres y seis semanas, tras lo cual serían repatriados a sus naciones de origen.
Más de 300 escuelas privadas en Perú en riesgo de cierre por extorsión del crimen organizado.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) ha alertado sobre el riesgo de cierre de más de 300 escuelas privadas en el país antes de que finalice el presente año escolar.
La causa principal es la extorsión por parte del crimen organizado, que exige pagos elevados a los centros educativos para permitir su funcionamiento.
Según Alfredo Velásquez, secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP,; «Los montos solicitados por la mafia son tan altos que muchas instituciones prefieren cerrar antes que asumir estos costos. Además, los docentes también son víctimas de extorsión, obligados a pagar entre 4 y 5 soles diarios (aproximadamente 2 dólares) para poder impartir clases».
«Deben ser muchas más, pero al menos 300 instituciones educativas están en riesgo, dejando sin empleo a docentes, auxiliares y personal administrativo», declaró Velásquez.
Esta situación no solo afecta a los trabajadores de la educación, sino que también pone en peligro el derecho a la educación de miles de estudiantes.
Ante esta crítica situación, el SUTEP ha solicitado al gobierno de Dina Boluarte que actúe de manera urgente. El sindicato propone la implementación de un protocolo especial de seguridad para las escuelas, que involucre a autoridades, personal educativo, padres de familia y la comunidad en general.
«Es hora de actuar para proteger lo que más importa: la vida y el bienestar de nuestros niños, docentes y auxiliares de educación»,señalaron desde el gremio.
El SUTEP también anunció que recopilará los testimonios de dirigentes de todo el país para elaborar un informe detallado que será entregado al Ministerio de Educación.
La protección de las escuelas y la garantía de un entorno seguro para la educación se han convertido en una prioridad urgente para evitar el cierre masivo de instituciones y asegurar el futuro educativo de miles de niños y jóvenes en Perú.
La Asamblea Nacional aprobó de manera unánime la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, cuyo propósito es establecer las normas generales para la preparación, adjudicación, ejecución y extinción de los contratos administrativos en las entidades estatales.
Esta legislación busca modernizar el marco legal y normativo que regula las contrataciones públicas en el país.
Wálmaro Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional, destacó que esta ley representa un avance significativo al concentrar y actualizar la normativa existente.
«Esta nueva Ley viene a modernizar el entorno legal con el cual el Estado contrata, lo cual es muy positivo. Además, responde a una necesidad real de los nicaragüenses, permitiendo que el Estado sea una herramienta más efectiva, eficiente y transparente para resolver los problemas cotidianos», afirmó Gutiérrez.
Entre los principales objetivos de la ley se encuentran la promoción de la competencia abierta, el uso responsable de los recursos públicos, la estandarización de criterios técnicos y legales, y la prevención de conflictos de intereses.
Asimismo, establecen mecanismos para facilitar la fiscalización y el control de los contratos, garantizando su correcta ejecución y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
La ley busca agilizar los procesos de contratación para atender necesidades prioritarias de la población.
Ley de contrataciones del Estado
«Lo que persigue esta ley es la realización de contratos que permitan resolver necesidades básicas, como la adquisición de medicamentos para hospitales, pupitres para escuelas, y otros bienes y servicios esenciales para el funcionamiento adecuado del sector público», explicó el diputado.
La nueva normativa también incluye disposiciones para reducir plazos, simplificar procedimientos y garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
Además, se establecen excepciones en materias específicas, como la adquisición de bienes y equipos destinados a la defensa nacional, la soberanía, la paz y el mantenimiento del orden interno, las cuales quedan excluidas de los procesos ordinarios de contratación.
En conclusión, la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado representa un marco normativo moderno que busca optimizar el gasto público, fomentar la competencia y garantizar mayor transparencia en los procesos de contratación estatal.
Desde enero, Guatemala ha recibido 4.233 connacionales repatriados desde EE.UU. UU. (382 en vuelos militares) y 936 desde México.
Como parte del Plan Retorno al Hogar, el Gobierno ha brindado asistencia a los migrantes, incluyendo orientación, alimentación, kits de higiene, atención médica y psicosocial.
De los retornados de México, 315 llegaron por aire y 621 por tierra, incluyendo 215 menores, 171 de ellos no acompañados. Desde EE.UU. UU., 3,919 adultos y 314 menores fueron repatriados, de los cuales cinco viajaron solos.
El Instituto ofrece refugio en el Centro de Atención de la zona 5 o transporte a sus comunidades. El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el Gobierno está comprometido con su bienestar y lucha por sus derechos.
En 2024, Guatemala ha recibido 76.768 deportados: 66.016 por vía aérea y 10.752 por tierra.
Dos aviones de Conviasa trasladaron a 190 migrantes venezolanos de regreso a su país como parte del Plan Vuelta a la Patria.
El presidente Nicolás Maduro destacó que la repatriación se realizó de forma “amorosa, segura y digna, en un esfuerzo por reunir a las familias en “una nueva etapa de prosperidad y recuperación”.
Diosdado Cabello recibió a los migrantes en el Aeropuerto de Maiquetía tras su salida desde Texas.
La repatriación ocurre en el marco de acuerdos recientes entre Venezuela y EE.UU., orientados a combatir el tráfico de personas y establecer mecanismos de cooperación en seguridad.
Esto sucede en el marco de los acuerdos suscritos por el Gobierno venezolano con el enviado especial de Washington, Richard Grenell, el pasado 31 de enero.
Un día después, Maduro dijo que se planteó la construcción de una ‘agenda cero’ con la nación norteamericana para un nuevo inicio de las relaciones entre ambos países.
