“No puedo asegurarles que descartaré, la coerción armada o económica», aseguró Donald Trump.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado controversia al no descartar una intervención militar para recuperar el control del Canal de Panamá.
Durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, Trump acusó a Panamá de imponer tarifas excesivas a barcos estadounidenses «Básicamente China está tomando el controldel canal» y advirtió sobre la creciente influencia del gigante asiático en esta infraestructura clave para el comercio internacional.
«El canal de Panamá es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión«, declaró Trump.
«El Canal de Panamá fue construido para nuestro Ejército», afirmó el mandatario electo, quien criticó nuevamente la decisión del fallecido expresidente Jimmy Carter (1977–1981) de transferir su control al país centroamericanos durante su mandato.
René Francis Merino, Ministro de Defensa de El Salvador, dio a conocer que 84.260 personas han sido detenidas desde que se implementó el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022.
Según Merino, estas detenciones han permitido recuperar la seguridad en un país que anteriormente estaba sometido al control de las pandillas.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó que en 2023 la cifra de homicidios disminuyó a 114, lo que equivale a una tasa histórica de 1,9 por cada 100.000 habitantes, la más baja del hemisferio occidental.
Además, los delitos comunes como hurto, robo y extorsión se redujeron en un 44,53%.
Durante el régimen de excepción, las autoridades también decomisaron 10.438 vehículos, 21.616 teléfonos y 4.548 armas.
Asimismo, 2024 se posicionó como el año más efectivo en la lucha contra el narcotráfico, incautando 17,2 toneladas de drogas.
A pesar de estos resultados, organismos de derechos humanos critican el régimen por arrestos arbitrarios, torturas y más de 300 muertes bajo custodia estatal.
Estas denuncias ponen en entredicho la efectividad del modelo, a pesar de las estadísticas positivas en seguridad.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó este lunes su solidaridad con Panamá ante amenazas a su soberanía.
En un comunicado, el Ejecutivo nicaragüense manifestó:«Nos unimos al clamor y exigencia de ese valiente pueblo en solidaridad y voz de Patria Grande, recordando su heroísmo y luchas victoriosas».
El mensaje también destacó la figura del general Omar Torrijos, calificándolo como un símbolo de la independencia panameña y un referente en la defensa de su territorio.
El pronunciamiento nicaragüense responde a las declaraciones del presidente panameño, José Raúl Mulino, quien reafirmó que el Canal de Panamá es soberanía exclusiva de su país.
Estas declaraciones surgieron tras críticas del entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien insinuó la «devolución» del canal si no se ajustaban las tarifas aplicadas a barcos estadounidenses.
“Cada metro del canal y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables”, sentenció Mulino en un mensaje contundente.
China reafirmó su respeto por la soberanía de Panamá sobre el Canal y destacó su eficiente gestión, que fomenta la integración global.
La vocera del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, señaló que el canal es una creación del pueblo panameño y rechazó cualquier injerencia extranjera.
«Creemos que bajo la eficiente gestión de Panamá el canal continuará haciendo nuevas contribuciones a la facilitación de la integración y los intercambios entre diferentes países«, dijo una vocera del Gobierno chino.
Vocera del Ministerio de Exteriores, Mao Ning
Las declaraciones surgen tras las amenazas del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, quien calificó de «exorbitantes» las tarifas del canal y sugirió exigir su devolución.
El canal, inaugurado en 1914 por Estados Unidos, fue transferido a Panamá en 2000 bajo los tratados Torrijos-Carter.
Aunque el acuerdo garantizó el control panameño, permitió la intervención militar estadounidense si sus intereses eran amenazados. Esta cláusula fue usada como pretexto en la invasión de 1989, que dejó miles de víctimas.
El presidente electo de EE. UU., Donald Trump, respondió al mandatario panameño José Raúl Mulino, quien afirmó que «cada metro cuadrado del canal de Panamá pertenece a su país».
Trump reaccionó con un mensaje en redes sociales: «Ya lo veremos», acompañado de una foto de la bandera estadounidense ondeando con la frase «Bienvenido al canal de Estados Unidos».
La disputa escaló tras las declaraciones de Trump, amenazando con retomar el control del canal y acusando a Panamá de imponer tarifas excesivas.
Mulino respondió destacando los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que reconocieron la soberanía panameña sobre el canal y culminaron con su entrega definitiva el 31 de diciembre de 1999.
El Senado brasileño aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares por parte de estudiantes en escuelas públicas y privadas durante todas las etapas de la educación obligatoria.
La normativa permite excepciones solo por motivos pedagógicos, accesibilidad o necesidades de salud.
La medida también exige que las escuelas desarrollen estrategias para abordar problemas psicológicos de los alumnos y concienticen sobre los riesgos del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
Según el senador Alessandro Vieira, la prohibición ha mejorado el desempeño escolar y reducido el bullying en regiones donde ya se aplicó.
El Ministerio de Educación respalda la iniciativa, destacando beneficios para el aprendizaje y la salud mental de docentes y estudiantes.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aún debe sancionar la ley, que sigue tendencias implementadas en países como España, Italia y Francia.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la despedida de 2.400 trabajadores y la reducción del 50% del salario de 2.000 más.
El Gobierno argumenta que las administraciones anteriores usaron estos incentivos para contratar de manera irregular y evadir los controles del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Los despidos afectarán principalmente a contratos irregulares en la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Además, se eliminará el pago de incentivos, que representaba un gasto anual de $15.600 millones.
Como respuesta, los trabajadores protestaron con una sentada, advirtiendo que la medida afectará al 90% de la planta ministerial, lo que repercutirá en más de 4.000 familias.
En un comunicado, los empleados señalaron que no son responsables de las formas de contratación ni de los complementos salariales, y exigieron al ministro y a los funcionarios del organismo garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo y el pago completo de los salarios.
La Cámara de Senadores de México aprobó la reforma que regula la actividad de repartidores en plataformas digitales, garantizando su acceso a seguridad social.
Con 113 votos a favor en lo general y 80 en lo particular, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo, en materia de plataformas digitales.
Impulsada por Claudia Sheinbaum, en octubre pasado, la reforma añade un capítulo a la Ley Federal del Trabajo para definir derechos y obligaciones, incluyendo horarios, salarios, atención médica, crédito para vivienda y reparto de utilidades.
Prohíbe la contratación de menores y prácticas abusivas como retener ingresos o cobrar por inscripción.
También obliga a las plataformas a inscribir a los trabajadores en el IMSS, pagar en menos de una semana y aportar al Infonavit. Según el SAT, 658,000 personas trabajan en este sector, de las cuales 272,000 superan el salario mínimo mensual.
La senadora Lizeth Sánchez destacó que la medida asegura condiciones dignas y justas para quienes laboran en este ámbito tecnológico.
Más de 50 funcionarios electos, que representan a millones de estadounidenses, junto con líderes sindicales y organizaciones solidarias, instaron al presidente Joe Biden a eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Esta coalición pidió a Biden que, antes de dejar la Casa Blanca, revirtiera las políticas de Donald Trump (2017-2021).
La senadora estatal de Vermont, Tanya Vyhovsky, destacó; «El embargo y la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo son vestigios de una política exterior fallida». Además, subrayó que enviar ayuda a Cuba no es solo un acto de buena voluntad, sino un imperativo moral.
La coalición resaltó cómo estas sanciones han privado a Cuba de recursos vitales, empeorando la crisis económica y humanitaria, especialmente después de desastres naturales como huracanes y terremotos, que han dejado a la isla con necesidades urgentes de alimentos, medicamentos y suministros médicos.
«Los trabajadores estadounidenses apoyan al pueblo cubano en su lucha por sus necesidades básicas», expresó Taylor Walker, presidente del Comité de Pasantes y Residentes del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).
Taylor añadió que las políticas de aislamiento y guerra económica perjudican a las familias trabajadoras en ambos lados del Estrecho de Florida.
Biden
El llamado se produjo tras la 32ª votación en la ONU que condenó el bloqueo de EE. UU. a Cuba, así como una carta reciente de miembros del Congreso, como Barbara Lee, Jim McGovern, Gregory Meeks y Joaquín Castro, que también instaron a Biden a eliminar las restricciones y enviar ayuda humanitaria.
La concejal de Nueva York, Alexa Avilés, afirmó que “es momento de priorizar la diplomacia y la compasión sobre décadas de hostilidad».
La carta también resaltó que eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y revertir las políticas de Trump podría allanar el camino para una relación más estable y humana, brindando al pueblo cubano la oportunidad de recuperarse tras múltiples desastres naturales.
Bruno Rodríguez
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha agradecido las voces que condenan el bloqueo de EE. UU., considerando que es la principal causa de los daños sufridos por el pueblo cubano.
Jubilados de Argentina protestaron en las sedes del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) debido a la decisión del Gobierno de Javier Milei de recortar la entrega gratuita de medicamentos para adultos mayores.
La nueva medida afecta a jubilados con ingresos superiores a $389.000, quienes dejarán de recibir hasta cinco medicamentos gratuitos. Para continuar con este beneficio, deberán realizar trámites adicionales.
Segun el Pami, Se estima que entre dos y tres millones de jubilados serán afectados por esta medida.
El PAMI informó que los afectados podrán solicitar un subsidio social para obtener medicamentos con un 100 % de bonificación, siempre que cumplan con ciertos requisitos, como no poseer un auto de menos de 10 años y demostrar que el costo de los medicamentos representa más del 15 % de sus ingresos.
Susana Glen, miembro de la organización Alerta Jubilados Rosario, expresó su preocupación: «Se vive con angustia, se vive mal y se acorta la vida».
