Madre fue a traer a Costa Rica a hija desparecida hace 5 meses en Managua
La ciudadana nicaragüense Jeymi Jessel Acevedo Téllez, de 36 años, fue localizada en Puntarenas, Costa Rica, y ya se encuentra de regreso en su vivienda en Managua, informaron sus familiares.
La mujer había sido reportada como desaparecida desde septiembre de 2024, luego de salir de su casa en el sector de Villa Libertad, en el Distrito VII de la capital.
De acuerdo con la información, la última vez que fue vista ocurrió el 22 de septiembre en León, cuando descendió de un autobús indicando que se dirigía hacia Poneloya.
Localizan en Costa Rica a nicaragüense desaparecida
Su ubicación fue posible gracias a reportes ciudadanos en redes sociales, donde personas señalaron haberla visto en Costa Rica en estado de desorientación. Posteriormente, circularon imágenes que evidenciaban su condición de salud.
Panameño condenado a 25 años de prisión por el femicidio de una nicaragüense en Costa Rica
Un tribunal en Panamá condenó a 25 años de prisión al ciudadano panameño Greivin Acuña Gutiérrez, de 36 años, por el femicidio de la nicaragüense Perla Morena Lagos Oporta, de 35 años, ocurrido en octubre de 2025 en Costa Rica.
Panameño condenado por femicidio de nicaragüense en Costa Rica
La sentencia fue emitida el pasado viernes durante una audiencia realizada en los juzgados de la ciudad de David, capital de la provincia de Chiriquí, en Panamá. Durante el proceso judicial, el acusado fue declarado culpable del delito de femicidio.
La familia de la víctima participó en la audiencia de manera virtual para conocer el fallo judicial.
El femicidio ocurrió el 26 de octubre de 2025 en una cuartería ubicada en Golfito, en la provincia de Puntarenas, Costa Rica. De acuerdo con las investigaciones, la víctima murió por asfixia tras una discusión con el agresor.
Después de cometer el crimen, Acuña Gutiérrez huyó hacia Panamá con la intención de evadir a la justicia.
Panameño condenado por femicidio de nicaragüense en Costa Rica
Las autoridades lograron capturarlo en la provincia de Chiriquí mediante un operativo coordinado entre las autoridades panameñas, la Interpol y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.
Tras el proceso judicial, el juez determinó que el acusado deberá cumplir 25 años de prisión, sin derecho a fianza ni apelación.
La muerte de Perla Morena Lagos Oporta causó profunda conmoción entre sus familiares y vecinos. La mujer dejó en la orfandad a una bebé de apenas ocho meses de edad.
Desarticulan red criminal que asaltaba y explotaba a migrantes nicaragüenses en Costa Rica
Un total de cuatro oficiales de la Fuerza Pública y un funcionario de Migración, junto a 49 personas más, fueron capturados por las autoridades tras ser vinculados a una red criminal dedicada a asaltar y explotar a migrantes nicaragüenses en la frontera norte de Costa Rica.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la banda operaba principalmente en la zona fronteriza, donde cobraba hasta 15 mil colones a sus víctimas por ingresarlas ilegalmente al país, para posteriormente asaltarlas y despojarlas de sus pertenencias.
Policías ticos capturados por integrar red criminal que asaltaba a nicaragüenses en la frontera
La organización criminal, conocida como Los Talibanes, fue desarticulada mediante 51 allanamientos simultáneos realizados en las localidades de Los Chiles, Aguas Zarcas, Santa Rosa de Pocosol y San Carlos.
Según las investigaciones, en algunos casos los delincuentes trasladaban a los migrantes a viviendas particulares bajo falsas ofertas de empleo. Una vez allí, les quitaban sus documentos y los sometían a explotación laboral o sexual.
Hasta el momento, las autoridades han identificado 117 víctimas, relacionadas con 44 delitos plenamente documentados. Además, el grupo es investigado por su presunta vinculación con el asesinato de un ciudadano nicaragüense de apellido Duarte, de 30 años, ocurrido el 14 de junio de 2025.
Policías ticos capturados por integrar red criminal que asaltaba a nicaragüenses en la frontera
El operativo, desarrollado la madrugada de este martes, permitió además el decomiso de numerosos vehículos, motocicletas y propiedades, presuntamente adquiridas con dinero producto de los robos. Asimismo, se incautaron grandes sumas de dinero en córdobas y colones, también relacionadas con los delitos cometidos contra migrantes nicaragüenses.
Costa Rica contará con una nueva cárcel de máxima seguridad, destinada exclusivamente a los reclusos más peligrosos del país.
El proyecto se llamará CACCO (Centro de Alta Contención del Crimen Organizado) y estará ubicado en Alajuela, en un terreno de 90,846 m², de los cuales 31,048 m² serán de infraestructura construida.
La inversión asciende a 21,000 millones de colones (unos 31 millones de dólares). Sin embargo, gracias a la donación de planos del Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) por parte de El Salvador, Costa Rica logró ahorrar alrededor de 25 millones de dólares en diseño y planificación.
El complejo tendrá capacidad para 5,100 internos, distribuidos en 5 módulos de 1,020 cada uno. Además, incluirá:
5 consultorios médicos
25 cuartos de visitas íntimas
20 celdas de aislamiento
1 edificio mixto
4 puestos de control interno
1 registro de visitas
1 edificio de bodega
A diferencia del Cecot salvadoreño, el CACCO mantendrá un enfoque humanitario, permitiendo a los privados de libertad llamadas telefónicas, visitas familiares, visitas íntimas y entrega de encomiendas.
La idea del proyecto surgió en 2024, inicialmente previsto para 2026, pero ante el incremento de delitos se decidió adelantar su construcción a 2025.
Su propósito es contener y desarticular las operaciones criminales que actualmente se organizan desde las cárceles del país, bajo un modelo de máxima seguridad y control estricto.
Costa Rica enfrenta actualmente la operación de unas 300 bandas criminales ligadas al narcotráfico, el sicariato y otras formas de crimen organizado, según estimaciones de expertos y autoridades locales.
Informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio de Seguridad Pública advierten que estas agrupaciones, activas en todo el territorio nacional, representan una creciente amenaza y mantienen vínculos con cárteles internacionales que operan en regiones específicas del país.
La violencia generada por estas organizaciones ha alcanzado niveles sin precedentes, con más de 300 homicidios registrados en lo que va del año, enfrentamientos armados constantes y una expansión territorial de los grupos, informó el medio Teletica.com.
Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, los conflictos entre bandas rivales y con las fuerzas policiales ocurren a diario.“Las personas que integran estos grupos criminales, al verse asediadas, responden con armas. Hay constantes disputas territoriales y por el control de sus negocios ilícitos”.
Zúñiga señaló que, aunque varias bandas han sido golpeadas y algunos de sus líderes están en prisión, la violencia no se ha detenido.
Mencionó que los grupos más peligrosos operan en la provincia de Limón, entre ellos La H, Peña Rusell, Valle de la Estrella y la banda liderada por alias “Diablo” (Alejandro Arias Monge), considerado el narco más buscado del país.
Estas organizaciones han expandido su presencia hacia otras regiones del país, generando más disputas territoriales y aumentando la incidencia de homicidios.
Zonas como los barrios del sur y norte de San José —incluyendo Guadalupe— están entre las más afectadas, especialmente tras la captura del cabecilla conocido como “Sobrino”, que ha desatado una lucha por el control de sus antiguos territorios.
En Puntarenas, al suroeste del país, se identifican al menos 10 bandas fraccionadas en conflicto, particularmente en zonas como Barranca, El Roble, Fray Casiano y 20 de Noviembre.
Se han reportado nuevos focos de violencia en provincias tradicionalmente más tranquilas como Heredia, Alajuela y sectores de Cartago, incluyendo los barrios Proyecto Manuel de Jesús Jiménez y Llanos de Santa Lucía, en el límite con Paraíso.
Provienen de varios países africanos y asiáticos. Entre ellos se encuentran 50 niños, mujeres embarazadas y una adulta mayor.
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica confirmó la llegada a ese país centroamericano de un grupo de 135 migrantes de naciones africanas y asiáticas deportados por el Gobierno de los EE.UU.
El vuelo proveniente de San Diego, California (oeste), arribó en la tarde del jueves al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en San José. Trasladó a migrantes oriundos de Tayikistán, Uzbekistán, Georgia, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán y Uzbekistán, entre otros. Entre ellos se encuentran 50 niños, mujeres embarazadas y una adulta mayor.
El titular de Seguridad Pública, Mario Zamora, dijo que no representan ningún problema para la seguridad, pues «no se trata de criminales» y «ya pasaron por filtros de seguridad en Estados Unidos».
Los deportados fueron llevados en autobuses al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) ubicado en la localidad de Corredores, en la frontera con Panamá.
Inicialmente, esa instalación dio albergue a migrantes que iban desde Panamá a los EE.UU., pero desde hace varias semanas se reporta la presencia allí de personas que buscan regresar a sus hogares debido a la política antinmigrante de la Administración Trump.
Según el Gobierno costarricense, los migrantes deportados el jueves serán atendidos por personal de la Oficina Internacional de las Migraciones (OIM) y EE.UU. correrá con los gastos de su estancia en el CATEM.
Se prevé que permanezcan en Costa Rica, país puente, durante un periodo que puede oscilar entre tres y seis semanas, tras lo cual serían repatriados a sus naciones de origen.
De acuerdo con el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, firmado entre Panamá y Estados Unidos el 7 de septiembre de 1977, solo los buques militares de Colombia y Costa Rica pueden transitar sin pagar pesos por la vía interoceánica.
Este acuerdo establece que los pesos y derechos de tránsito deben ser «justos, razonables, equitativos y consistentes con los principios del derecho internacional», prohibiendo cualquier tipo de discriminación relacionada con las condiciones o los costos del tránsito.
El tratado también estipula que, mientras Estados Unidos sea responsable del funcionamiento del canal, podrá permitir el tránsito gratuito de sus tropas, naves y materiales de guerra por el canal. Sin embargo, en el futuro, Panamá podrá otorgar a Colombia y Costa Rica el derecho a transitar sin pesos.
Jorge Eduardo Ritter, exministro de Asuntos Exteriores de Panamá, advirtió; «Eximir a Estados Unidos de los pagos y no aplicar las mismas condiciones para otros países sería una violación flagrante de los tratados de neutralidad. Según Ritter, lo más adecuado sería que el Departamento de Estado de EE.UU. Aclare que no ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Panamá».
El excanciller señaló que, aunque Washington podría solicitar la revisión de las tarifas, Panamá no podría aceptar dicha petición, ya que«eximirlos de pago no es posible de acuerdo con el tratado de Neutralidad».
En medio de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre su intención de “recuperar el canal de Panamá”, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que los barcos del Gobierno de Estados Unidos podrían transitar por el canal sin pagar pesos.
Esto, según la institución, representaría un ahorro de millones de dólares al año para el Gobierno estadounidense. Sin embargo, poco después, desde Panamá se desmintió dicha afirmación, aclarando que no se ha realizado ningún ajuste en los tamaños del canal.
En el marco de la celebración de los 203 años de Independencia Centroamericana, Nicaragua entregó la Antorcha de la Unidad a Costa Rica en un acto solemne realizado en el Puesto Fronterizo de Peñas Blancas. Este símbolo de hermandad y libertad, que recorrió el territorio nicaragüense, fue traspasado por la Ministra de Educación de Nicaragua, compañera Mendy Arauz Silva, a su homóloga costarricense, Anna Katharinna Müller Castro, como parte de las festividades que unen a las naciones de la región.
El relevo de la antorcha estuvo a cargo del estudiante Juan Marcos Mena Bustos, alumno de octavo grado del Instituto Rosendo López de Rivas, quien se destacó recientemente como deportista en el Torneo Taylor Michigan 2024, imponiéndose como uno de los lanzadores más prometedores en la Liga William Sport. Mena fue acompañado por otros estudiantes destacados, como Erling Alejandro Lozano Pasos, quien portó la bandera de Nicaragua y ha sido reconocido por su excelencia en investigación e innovación a nivel departamental. Junto a ellos, Ashly Danely Torres, estudiante de excelencia académica y atleta premiada, representó a la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES).
La antorcha, que simboliza la libertad de los pueblos centroamericanos, recuerda el hecho histórico de hace más de dos siglos, cuando la noticia de la independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica fue llevada a caballo por mensajeros que recorrieron largas distancias para unir a las naciones en un solo espíritu.
La tea luminosa llegó a Nicaragua el 10 de septiembre, entregada por las autoridades del Ministerio de Educación de Honduras en el Puesto Fronterizo Las Manos. Desde entonces, recorrió 502 kilómetros en territorio nicaragüense, pasando por manos de estudiantes con alto rendimiento académico, así como oficiales de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, antes de ser entregada en la frontera sur, marcando así un acto de unidad y compromiso entre los pueblos de la región.
Este evento reafirma la fraternidad y el sentido de pertenencia de los países centroamericanos en una fecha que sigue siendo de gran relevancia histórica y cultural para sus ciudadanos.
El Poder Ejecutivo de Costa Rica, no logra consensuar el acuerdo anual que invierte los recursos públicos necesarios para el correcto funcionamiento de las cinco universidades estatales, al que se le denomina Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Las negociaciones que se dan en conjunto entre las cinco universidades reunidas en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las representaciones del Gobierno, dentro del marco de la denominada Comisión de Enlace, resultaron infructuosas debido a la intransigencia del Poder Ejecutivo para otorgar un aumento que al menos contrarreste el aumento por el costo de vida.
Y es que según el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica, el cual se publicó en el mes de julio pasado, la expectativa de inflación para finales del 2024 será de 3,1 %; el Gobierno dijo a las universidades que solamente propone dar un aumento del 1 % para el FEES, lo que pone en una grave posición el accionar de las universidades, por lo que tal propuesta fue rechazada de forma tajante por el Conare.
Inclusive, el mandato constitucional dicta que el Estado debe aportar el 8 % del PIB para la educación pública, desde donde se obtiene el FEES para las universidades, pero esta ley no se ha cumplido y perjudica el quehacer de las universidades públicas en sus cinco actividades sustantivas: Acción Social, Docencia, Investigación, Vida Estudiantil, y Administración.
De tal forma, las cinco universidades estatales han convocado a una marcha nacional en defensa de la inversión en la educación pública, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de agosto. La comunidad universitaria de la UCR saldrá desde el Pretil de la Escuela de Estudios Generales a las 9:00 a. m. y se dirigirá hacia el Parque de la Democracia, en San José.
Esta movilización social responde a los múltiples intentos del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles, por desfinanciar y desmantelar la educación pública universitaria, en beneficio de algunos sectores privados que quieren lucrar con este derecho constitucional y obtener enormes beneficios económicos.
Por ejemplo, una de las nefastas consecuencias que se obtiene de estas políticas, además de la baja en la calidad de la educación pública, es una amplia desigualdad de oportunidades para las y los jóvenes que buscan, por medio de una carrera universitaria, convertirse en profesionales y así alejarse de la pobreza y de la delincuencia.
Una educación universitaria pública fortalecida es garantía de paz, seguridad, desarrollo e inclusividad para Costa Rica, y los próceres que elaboraron y firmaron la Constitución Política lo tenían muy claro, por lo que buscaron blindar con leyes esa importante inversión en educación que debe hacer el país, para asegurar un buen futuro para todas las generaciones.
¡Una educación superior pública de calidad es de tod@s y es para tod@s! Defendámosla en todos los espacios, incluyendo en las calles… ¡Acompáñenos en la marcha del 28 de agosto!
